Legislatura bonaerense: Avanza el proyecto de actualización de indemnizaciones

Por los pasillos del Senado bonaerense avanza el proyecto de modificación del artículo 48 de la Ley N° 11653, que regula la actualización de los montos de las indemnizaciones por despido en la provincia de Buenos Aires. Ya obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Legislación Social.

La propuesta que motorizaron las diputadas de Unión por la Patria, Maite Alvado y Soledad Alonso, también secretaria adjunta del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), ya obtuvo media sanción en Diputados, por lo que resta su aprobación en el Cámara alta para convertirse en ley.

Poniendo énfasis en la distancia que prima entre las personas que sufren despidos en el territorio bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Alonso marcó: «Es injusto que un trabajador de la Provincia, en idénticas condiciones, reciba una indemnización menor a la que recibe un trabajador de la CABA».

Considerando ese escenario, Alvado que la propuesta busca «reparar mínimamente una situación que se presenta como crítica, pero la necesidad viene de mucho más atrás, no se origina en esta coyuntura sino en la necesidad de igualar derechos, de reparar una desigualdad histórica», explicó.

En tanto, para revertir esta situación, el proyecto propone aplicar en los juicios laborales de la Provincia el mismo cálculo que aplica la Cámara Nacional del Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Agitó las aguas

Vale mencionar que la propuesta agitó las aguas en distintos sectores: El campo y la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (IUPBA), fueron dos que alzaron la vos.

En una nota que brindó a Infobae, Martín Rappallini, presidente de la IUPBA expresó que «las situaciones de la Ciudad y la Provincia no son las mismas; esta última no tiene ni instancia conciliatoria ni Cámara de Apelaciones que revise las sentencias», explicó.

Dicho ésto, opinó que el proyecto «podría funcionar como incentivo para la litigiosidad». Por el contrario, llamó a «trabajar en propuestas que incentiven la creación de empleo y desincentiven la litigiosidad».

En paralelo, desde la Federación Agraria, Cabap, CONINAGRO, y la Sociedad Rural Argentina (SRA), alertan que «el incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría de manera significativa en los costos operativos de las empresas».

Motivo por el cual, consideran que «de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas, afectando directamente tanto a empleadores como a trabajadores».