Gremios docentes se plantan ante el Decreto de Milei que pone en jaque la huelga

La FEB, UDOCBA, y el SUTEBA se alzaron contra los recientes decretos del gobierno de Javier Milei. El principal blanco del repudio es la declaración de la Educación como servicio esencial, medida que ven como un intento de cercenar el derecho a huelga.

Desde la FEB, su secretaria General Liliana Olivera, calificó la medida como «un intento más por cercenar el legítimo derecho que tenemos los trabajadores de manifestarnos». Advirtió que «con la excusa de una supuesta reforma que revalorice la Educación, la pretensión final es limitar cualquier tipo de protesta».

La sindicalista también diferenció la visión gremial: “La Educación es un derecho social y, como tal, debe ser garantizada por el Estado. Declararla como un servicio es intentar equipararla con cualquier otra mercancía y someterla a la lógica del mercado”, explicó.

Por su parte, la entidad que lidera Alejando Salcedo (UDOCBA) señaló que «este intento de limitar por decreto el ejercicio de un derecho consagrado, que busca debilitar la capacidad de reclamo de los gremios y disciplinar a la docencia».

Dicho esto, subrayó que «La huelga no es solo una herramienta legítima de protesta, sino una conquista histórica del movimiento obrero».

«Gravísimo retroceso y atentado a la paritaria»

En sintonía, SUTEBA remarcó con dureza que «esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la Paritaria Nacional Docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro Sistema Educativo».

La postura del gremio que lidera Roberto Baradel refuerza la magnitud del rechazo que desató la ira de la CGT y otras entidades gremiales de peso dentro y fuera del territorio provincial.

Ambos sindicatos también expresaron su preocupación por el Decreto 341/25, que elimina la participación del Estado nacional en la negociación salarial docente a nivel federal. Olivera (FEB) lo tildó de «retroceso inaudito», mientras que la crítica de SUTEBA al «atentado contra la Paritaria Nacional» va en la misma dirección.

Este «corrimiento» del Estado, sumado a la eliminación del FONID y el congelamiento de partidas, agudiza la crisis educativa para los gremios; motivo por el cual, ratificaron su compromiso  de seguir «rechazando todo intento de desfinanciamiento y privatización de la Educación», así como las políticas que deterioren las condiciones de trabajo y limiten derechos conquistados.